El Salvador: Abogados Denuncian la Deportación y Encarcelación Ilegal de Venezolanos

 

 

San Salvador, El Salvador - Las tensiones entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela se intensifican mientras abogados de 30 venezolanos deportados a El Salvador claman por justicia y la verificación de sus derechos. La situación se agrava al constatar que estos ciudadanos permanecen encarcelados en un centro de máxima seguridad sin cargos ni pruebas de su supuesta participación en actividades criminales.

 

El drama se desencadena el pasado 15 de marzo, cuando Estados Unidos, bajo la invocación de autoridades de tiempo de guerra, expulsa a más de 200 venezolanos a El Salvador, sin mayores explicaciones ni procesos legales. El presidente Nayib Bukele, sin titubear, los remite al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión construida para albergar a los criminales más peligrosos del país.

 

Sin embargo, la versión oficial del gobierno estadounidense de que los deportados pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua, es puesta en duda por los abogados de los afectados. Jaime Ortega y Salvador Ríos, quienes representan a 30 de los 238 venezolanos encarcelados, insisten en la inocencia de sus clientes y denuncian la falta de pruebas y la violación de sus derechos humanos.

 

"Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros que han sido violentado por el sistema imperante en El Salvador", afirma Salvador Ríos en una conferencia de prensa. Para sustentar su defensa, los abogados presentan certificados que comprueban que, al menos, 27 de sus clientes no tienen antecedentes penales relacionados con la referida pandilla.

 

"Es una persona que manifiesta los hechos pero no demuestra con una prueba de que estos señores o estos ciudadanos venezolanos sean en realidad terroristas o sean delincuentes", afirma Ortega, refiriéndose al presidente estadounidense Donald Trump, quien no ha presentado pruebas para justificar la deportación.

 

La falta de pruebas, junto a la deportación sumaria, ha generado un clamor internacional por la situación de los venezolanos encarcelados. Los abogados no solo denuncian la violación de los derechos de sus clientes, sino que también acusan al gobierno de El Salvador de no colaborar en la investigación de sus casos.

 

El drama se repite este 31 de marzo, con la deportación de otras 17 personas, también acusadas de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13. Sin embargo, Estados Unidos no ha proporcionado información sobre la nacionalidad de los deportados, mientras que el gobierno salvadoreño asegura que entre ellos hay salvadoreños y venezolanos.

 

La situación ha desatado una ola de protestas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes exigen la liberación inmediata de los venezolanos presos y un proceso legal justo. La falta de pruebas y el trato inhumano hacia los deportados, ponen en evidencia la vulnerabilidad de los derechos humanos en la región y la necesidad de un sistema internacional más sólido que garantice la protección de los ciudadanos en situaciones de crisis.

 

La historia de los venezolanos deportados a El Salvador no es solo un caso de injusticia, sino una alerta sobre la creciente tendencia a utilizar la deportación como una forma de control social y de eludir las responsabilidades en materia de derechos humanos. La presión internacional sobre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador es crucial para garantizar la liberación de los venezolanos encarcelados y para evitar que se repitan casos como este en el futuro.