Estados Unidos: Artista tatuador venezolano desaparece tras ser enviado a la megacárcel de El Salvador

 

 

Washington, D.C. - Jhon Chacín, un artista tatuador venezolano de 35 años, se encuentra desaparecido en El Salvador después de que fuera enviado a la megacárcel de ese país por funcionarios de inmigración estadounidenses el pasado 15 de marzo. Su hermano, Eudomar Chacín, denunció que Jhon había solicitado asilo en Estados Unidos, pero después de que su solicitud fuera denegada, decidió renunciar y regresar a Venezuela de forma voluntaria.

 

Según Eudomar, Jhon se ofreció a ser deportado y estaba programado para tomar un vuelo a Venezuela el 13 de marzo, pero debido al mal tiempo, el vuelo se canceló. Eudomar recibió una llamada de su hermano al día siguiente, donde le comentó su miedo y la presencia inusual de movimientos del personal en el centro de detención donde se encontraba. Desde entonces, Eudomar no ha vuelto a tener contacto con él.

 

El caso de Jhon se suma a la creciente preocupación de las familias de cientos de venezolanos que fueron deportados a El Salvador sin previo aviso, con la justificación de que eran miembros de la peligrosa banda "Tren de Aragua". Muchos familiares y abogados de estos hombres han denunciado que sus familiares no pertenecen a ninguna banda y que fueron acusados injustamente por tener tatuajes comunes.

 

La Administración Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de estos hombres sin posibilidad de refutar las acusaciones o continuar con sus procesos de asilo.

 

El gobierno de Venezuela ha pedido la liberación de los deportados y su regreso al país, argumentando que estos fueron enviados a "campos de concentración al estilo nazi".

 

El caso de Jhon Chacín ilustra la precaria situación de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. La deportación a un tercer país sin posibilidad de defensa legal es una práctica que genera preocupación y exige mayor transparencia por parte de las autoridades estadounidenses. Las familias de los deportados exigen respuestas y la posibilidad de saber sobre la situación de sus seres queridos, mientras que los abogados buscan mecanismos legales para defender sus derechos.