Estados Unidos: El final del "parole" humanitario deja a medio millón de migrantes en la incertidumbre

 

 

Washington D.C. - El reloj está corriendo para medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos buscando refugio de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países. El 24 de abril de 2025 marca el fin del programa humanitario temporal conocido como CHNV (por las siglas de los países), y con él, se cierne la amenaza de la deportación para aquellos que no logren regularizar su estatus migratorio.

 

Este programa, implementado por el gobierno de Joe Biden, permitía a los migrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero solo de forma temporal. Su cancelación, una decisión que ha sido criticada por muchos, se debe a una disputa legal con el gobierno de Donald Trump, quien acusó a la administración Biden de abusar de la libertad condicional humanitaria al extenderla a múltiples nacionalidades.

 

La incertidumbre se instala entre los migrantes afectados, quienes se encuentran en un limbo legal y emocional. "Nada está garantizado y bajo esta administración yo diría que los oficiales están examinando más estrictamente todas las solicitudes de inmigración", afirma Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC.

 

Las opciones para evitar la deportación son limitadas y varían dependiendo de la nacionalidad. Los cubanos, por ejemplo, tienen la posibilidad de solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1996, aunque la abogada Uribe recomienda solicitar asilo para evitar un proceso de deportación expedita. "Si todavía no tienen el año y el día y el Gobierno federal trata de detenerlos, los va a tratar de poner en un proceso de deportación expedita para que no puedan aplicar a esa residencia", explicó Cindy Blandón, otra abogada de inmigración.

 

Para los venezolanos y haitianos, la opción más viable es solicitar el Estatus de Protección Temporal, aunque este permiso también podría ser cancelado pronto por el gobierno de Trump. Los nicaragüenses, por su parte, se encuentran en una situación más vulnerable al no tener las mismas opciones disponibles.

 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha advertido que podría utilizar la deportación acelerada para deportar a los beneficiarios del programa CHNV que hayan estado en Estados Unidos por menos de 2 años. Este proceso no les permite a los inmigrantes presentar su caso ante un juez de inmigración.

 

La incertidumbre no solo afecta a los migrantes, sino también a las familias que los han acogido en Estados Unidos. Muchos patrocinadores han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para ayudar a sus seres queridos a adaptarse a una nueva vida, y ahora se enfrentan a la posibilidad de perderlos.

 

"Estamos ante una administración distinta que está tomando decisiones muy diferentes a cómo se han hecho las cosas históricamente, pero yo tengo fe. Soy positiva de que vayan a respetar esas aplicaciones y que si alguien ya tiene (una solicitud de asilo) pendiente o algo distinto, que vayan a permitir a las personas quedarse en el país para poder presentar esas defensas", señala Uribe.

 

Sin embargo, muchos expertos en inmigración advierten que el gobierno de Trump está utilizando tácticas para animar a los inmigrantes a "autodeportarse" o a ponerlos en procesos de remoción que les dificulten presentar sus casos ante un juez de inmigración.

 

"Lo que hemos visto es que las últimas aplicaciones de asilo se están programando rápido en menos de dos o tres meses y lo están haciendo simplemente para tratar de denegar los casos y deportar a estas personas de forma expedita", afirma Blandón.

 

Mientras el reloj sigue corriendo, la comunidad migrante en Estados Unidos se encuentra dividida entre la esperanza de encontrar una solución legal y el temor a la deportación. Para muchos, el 24 de abril no solo marca el fin del programa CHNV, sino también el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de incertidumbre y con un destino incierto.