La CIJ, ¿un juez sin consentimiento? El caso Esequibo y los límites del derecho internacional

 

 

Caracas, Venezuela - El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en el territorio Esequibo ha generado controversia en el país, y ha despertado un debate sobre los límites del derecho internacional.

 

El Dr. Juan Pablo Montiel, abogado especialista en derecho internacional, analiza la situación y plantea serias dudas sobre la competencia de la CIJ en este caso, enfatizando la importancia del consentimiento de las partes y el respeto al principio de no intervención.

 

"El Esequibo es un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, no un territorio con soberanía reconocida ni adjudicada definitivamente", señala Montiel, destacando que hasta la fecha no existe una decisión definitiva sobre su pertenencia. "Cualquier orden de la CIJ que pretenda restringir la actuación institucional de una de las partes en conflicto implica una medida desproporcionada, que puede interpretarse como una interferencia en asuntos internos", advierte.

 

Montiel recuerda que Venezuela ha manifestado reservas respecto a la competencia de la CIJ en esta materia y ha insistido en que el único marco legal válido para la resolución de la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que ambas partes acordaron buscar una solución pacífica y consensuada.

 

"La intervención unilateral de la CIJ, a solicitud de Guyana, desnaturaliza ese marco y socava el principio de solución pacífica y mutuamente acordada", sostiene Montiel.

 

El abogado también pone en duda el papel de la CIJ a la luz de su historia. "La Corte ha sido objeto de críticas por fallos que en diversas oportunidades han favorecido de manera desproporcionada a ciertos intereses geopolíticos", afirma, destacando que la percepción de imparcialidad de la CIJ se ve afectada cuando sus decisiones parecen dirigidas a restringir la acción de un Estado sin una sentencia de fondo.

 

Montiel considera que la decisión de la CIJ establece un peligroso precedente: permitir que se impongan restricciones a la actuación de un Estado soberano, a petición de la contraparte, sin una decisión definitiva sobre la controversia territorial.

 

"La CIJ, como órgano judicial internacional, debe mantener su rol como instancia imparcial de resolución de conflictos, evitando convertirse en un instrumento que favorezca agendas geopolíticas", concluye el abogado. "No pueden emitirse decisiones que afecten el principio de igualdad entre las partes ni que desconozcan el marco de negociación establecido por el propio derecho internacional".

 

La controversia sobre el Esequibo sigue viva, con Venezuela manteniendo su posición firme sobre sus derechos sobre el territorio en disputa. El caso nos recuerda la importancia de la búsqueda de soluciones pacíficas y consensuadas en los conflictos internacionales, y nos plantea la necesidad de un análisis jurídico equilibrado que defienda el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.